El tema es recurrente en el ámbito político siempre que se aproximan unos comicios, pero esta vez tiene un nuevo punto de anclaje -el padrón municipal- y una diferencia importante con los debates anteriores: la aplicación práctica de medidas coercitivas. Los partidos de ultraderecha apoyan esta iniciativa. Los expertos en Derecho apuntan que vulnera la Ley de Protección de Datos. Las ONG repudian la idea porque conduce a la fractura social, y desde el consistorio de Barcelona critican la irresponsabilidad del alcalde vicense. Todos coinciden en que hay una estrategia política de fondo.
Josep Maria Vila d'Abadal -regidor de Vic y militante de Convergència i Unió- ha pasado de la teoría a los hechos: primero, negando a los inmigrantes en situación irregular la posibilidad de empadronarse en su municipio y, después, anunciando que remitirá sus datos a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional para facilitar su expulsión del pueblo, la comunidad y el Estado.
Las declaraciones de Vila cuentan con el apoyo explícito del presidente de su partido, Artur Mas, quien defiende la propuesta de informar a la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre los inmigrantes que no cumplan con los requisitos de residencia establecidos por la ley. No obstante, Mas ha matizado varias veces ante los medios que esta medida no tiene por qué ser imitada por todos los alcaldes de CiU, ya que, según su punto de vista, "la situación de cada ayuntamiento y de cada municipio es radicalmente diferente en temas de inmigración".
Dentro de Vic, sin embargo, las declaraciones son menos amables y, el ambiente, más tenso. El planteamiento de Vila es aplaudido por el ultraderechista Josep Anglada, concejal del Ayuntamiento y presidente de Plataforma per Catalunya (PxC); un abanderado de las razas puras y las tradiciones autóctonas que ha aprovechado el calor del debate para reiterar su rechazo a la inmigración "sin control", especialmente, la islámica, a la que define como "invasión silenciosa".
En el otro extremo del péndulo se encuentran las asociaciones de extranjeros, los sindicatos, las ONG que trabajan por la integración de los inmigrantes e, incluso, el propio Gobierno central. Cabe recordar que, en este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha mostrado contundente advirtiendo a Vila "que deje de enredar" con el asunto de la inmigración y que, en cambio, "gobierne. Que haga su trabajo".
Para Corbacho hay un tema político de fondo pues, en su opinión, el alcalde de Vic "tiene miedo de que una formación xenófoba [la de Anglada] le coma una parte del espacio electoral" y, por ello, se ha lanzado de lleno a arremeter contra los inmigrantes. Asimismo, el ministro recordó que "es ilegal negarse al empadronamiento de una persona" y que "puede tener riesgos jurídicos si alguien coge los datos masivamente y los transfiere a la policía" porque "esa no es la función del padrón".
Datos y derechos
Las opiniones del ministro resultan de gran importancia ya que, además de la lectura política -compartida por otros sectores de la sociedad y del Gobierno-, Corbacho introduce dos aspectos esenciales: la finalidad real del trámite de empadronamiento y el debate legal sobre las pretensiones de Vila d'Abadal y de Artur Mas, quien opina que dar a conocer las situaciones irregulares a la Delegación del Gobierno es totalmente lícito y "no supone merma de ningún derecho".
En cuanto a lo primero -la utilidad del padrón-, es necesario destacar que tiene doble finalidad. Por un lado, permite que las personas (sean extranjeras o no) accedan a los derechos públicos básicos, como la salud y la educación. En el caso de los inmigrantes, además, es un trámite fundamental para demostrar arraigo e iniciar cualquier trámite posterior de regularización. Por otro lado, tiene una finalidad estadística. Es una valiosa herramienta para conocer mejor a la población; un instrumento que permite saber, por ejemplo, que en España residen 5.249.993 extranjeros, que la quinta parte de ellos se encuentran en Cataluña o que el 25% de los habitantes de Vic proceden de otros países.
En cuanto a la legalidad de utilizar esos datos con otros fines (como la denuncia de las situaciones irregulares o la agilización de las expulsiones), el asunto se torna opaco. Sus impulsores -Vila, Mas y, también, Anglada- justifican la medida como una manera lícita de terminar con las "zonas grises", de indeterminación legal, en las que se encuentran muchos extranjeros. Y se amparan, además, en unas declaraciones recientes de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström.
El mes pasado, Malmström recordó a las autoridades españolas que debían cumplir la Directiva 2008/115/CE, que establece que los Estados están obligados a expedir una decisión de retorno contra cualquier persona que se encuentre en situación irregular en su territorio o que, en su defecto, deben concederle un permiso de residencia. Josep Maria Vila d'Abadal vio en esa frase un claro aval a su iniciativa y, por supuesto, la hizo pública de inmediato. Sus palabras, sin embargo, fueron sacadas de contexto. Y las reacciones no se hicieron esperar, empezando por la propia Malmström, quien lamentó que su respuesta se hubiera usado "en el debate doméstico" de Cataluña y de España.
Las críticas
"Con esta medida se pretende cerrar a los inmigrantes el acceso a la salud, la educación y a toda posibilidad de regularizar su situación administrativa", dispara el presidente de Fedelatina, Javier Bonomi, que ve en esta iniciativa una "estrategia" muy clara: "Cargar contra los inmigrantes a cambio de obtener un rédito electoral en las próximas elecciones". Para él, culpabilizar a los extranjeros de todos los males y desconocer su aportación a la natalidad y a la economía en las últimas dos décadas es un "retroceso de diez años en el debate sobre la inmigración".
Los portavoces de CCOO de Cataluña coinciden con Bonomi y agregan que el planteamiento de Vila "es un acto de irresponsabilidad" que "demuestra que CiU tiene decidido -al igual que el PP y determinadas plataformas racistas y xenófobas- instrumentalizar el hecho migratorio con fines electorales". El sindicato recuerda, asimismo, que "el empadronamiento sirve como prueba de residencia en España y da el acceso a políticas de integración", como el aprendizaje del catalán. En otras palabras, "es un elemento básico para la inserción social y la posterior regularización de su situación administrativa en España". De ahí que las pretensiones del alcalde sean tan "graves".
Para la organizacíón SOS Racismo de Cataluña, las medidas anunciadas por el alcalde de Vic "convierten el empadronamiento en una cacería contra las personas sin papeles y, a los funcionarios, en policías delatores". El colectivo sostiene que la consecuencia de esta política "no será velar por la igualdad y la convivencia en el municipio, como es la obligación de un gobierno municipal, sino la estigmatización de la población inmigrada". Al igual que CCOO, SOS Racismo condena "la irresponsabilidad del alcalde, que tiene y tendrá repercusiones sociales muy graves".
Más allá de estas cuestiones y de la repulsa generalizada, la pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante. La postura de Vila, ¿tiene base real? ¿Qué piensan los ayuntamientos? Para el comisionado de la alcaldía de Barcelona para la inmigración, Daniel de Torres, "lo que plantean en Vic es un debate falso" que no tiene más recorrido que lanzar un mensaje de dureza "en pleno contexto preelectoral". Desde su punto de vista, "con este discurso viciado, la gente tiene la percepción de que los municipios están vulnerando la ley al empadronar a personas en situación irregular, cuando, en realidad, el empadronamiento es un derecho y una obligación de todos los ayuntamientos".
"Conocer quién vive en una ciudad es fundamental para organizar la gestión de los recursos; por eso esta iniciativa no suma nada a la construcción de la convivencia", apunta de Torres. Asimismo, el comisionado subraya que el alcalde de Vic ha sido "egoísta e insolidario" con los demás consistorios, con la Federación de Municipios y con el Pacto de Cataluña por la Inmigración: "Nada de lo que ha anunciado se ha hecho y difícilmente se haga porque no tiene sustento legal. Lo que sí ha conseguido Vila, en cambio, es el impacto mediático por introducir un discurso xenófobo en el debate político y social".
Se continuará, por tanto, empadronando a las personas, más allá de su situación legal. "Una vez que tienes una realidad en tu comunidad, debes gestionarla, y esto no quiere decir escurrir el bulto, sino centrar el debate en lo que es relevante, es decir, en garantizar la convivencia y la integración", señala de Torres, y agrega: "Si algo debe cambiar será a nivel general. Los ayuntamientos somos víctimas de las disfunciones de la Ley de Extranjería".
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