«Es una herramienta de trabajo en el caso de los transportistas», advierten. Taxistas y UGT anuncian movilizaciones si el Gobierno no recoge sus exigencias
Desde los «retoques» hasta un «cambio sustancial en algunos postulados», la modificación de la Ley de Tráfico y el nuevo carné de conducir por puntos han arrancado con reveses que demuestran, pese al interés por el consenso del Ministerio del Interior, que no todos los sectores implicados en la carretera están de acuerdo con la caja de cambios que propone el Gobierno. En realidad, el mejor acuerdo entre los agentes sociales, profesionales y la Administración radica en la propia filosofía de la reforma: evitar que España continúe en los puestos de cabeza europeos en cuanto a tasas de siniestralidad viaria. Sólo en 2003 se registraron 100.000 accidentes de tráfico, en los que murieron 5.399 personas y más de 150.000 resultaron heridas.
El objetivo es «reducir el número de accidentes en un 40% dentro de los próximos cinco años», indican fuentes de Interior. Y para ello, se ha decidido implantar el carné por puntos como «una de las mejores herramientas destinadas a disminuir la accidentalidad y la reincidencia».
Para el Consejo de Ministros –que aprobó el anteproyecto el 15 de octubre–, la futura legislación supone un avance y deriva «de numerosos estudios comparativos» que reflejan los buenos resultados obtenidos en otros países de Europa, donde la mortalidad ha descendido entre un 20% y un 25%. España asimila de forma sustancial el modelo francés, uno de los más eficaces por su capacidad disuasoria –unas 100.000 licencias han sido suspendidas en doce años–, aunque algunos expertos consideren más pedagógico al alemán.
Los sindicatos y los conductores profesionales sostienen que la intención del ministerio «podrá ser buena», pero «todavía tiene muchas cosas para corregir». Los trabajadores reclaman la creación de un carné profesional, aunque la DGT dice que «no». Su director general, Pere Navarro, anunció el viernes que el Gobierno está «abierto a arbitrar fórmulas» que beneficien a los transportistas, pero descartó darles más puntos.
Al tira y afloja de la Administración con los profesionales del volante se añade una curva: el disgusto de las autoescuelas que, por un lado, defienden su derecho a impartir los cursos de rehabilitación y, por otro, desmienten que esas clases sean «el negocio del siglo».
Su portavoz, Abel Gómez, asegura que el sindicato «entiende el espíritu de las nuevas normas» y
cree que serán «positivas para reducir la siniestralidad». Sin embargo, añade: «Si el proyecto no
cambia, haremos las movilizaciones que sean necesarias para que se contemple la situación de un
millón de personas», el número de transportistas «que no ha sido considerado al elaborar este plan».
UGT presentó el lunes sus alegaciones ante el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico. Afirma «con rotundidad» que está «en contra del contenido del anteproyecto» y la razón principal estriba en que, para un profesional de la carretera, «su herramienta de trabajo es el carné». Retirárselo «podría estar transgrediendo un derecho fundamental, como es el derecho al trabajo».
Por su parte, Comisiones Obreras considera «positivo» el establecimiento del carné por puntos, pero reclama «otras medidas complementarias», como «un régimen especial» para los transportistas, taxistas y chóferes de autobús. A juicio de CC OO, es preciso el establecimiento de «un registro de conductores profesionales» en función de las cotizaciones a la Seguridad Social, y advierte de que «no se haga recaer la culpabilidad en el comportamiento de este gremio».
La central matiza que, con la nueva ley, «no nos quitan el carné, sino el trabajo» y que «sólo nos consideran profesionales cuando les conviene». «Para las aseguradoras sí lo somos, cada vez que pagamos la póliza anual. Sin embargo, con este carné se nos trata como conductores anónimos. Sería bueno que se pusieran de acuerdo porque nos pegan por todos lados», lamenta.
Ante las posibles alternativas, Hierro no tiene claro si la implantación de «dos carnés diferenciados será la solución». No obstante, se pregunta qué sucederá «si en algún momento pillamos a un agente de tráfico que tiene un mal día. Igual nos quedamos sin trabajo».
«Estamos a favor de la reforma. Es más, veníamos pidiéndola desde 1989», explica Báez quien asegura, a su vez, haberle dicho «algunas cositas» al Gobierno, entre ellas que «el tema de los puntos debería recibir algunos retoques». Tanto Báez como Íñigo Montenegro, presidente del gremio en Euskadi, están «dolidos» por «la forma en que se ha especulado con un negocio fabuloso que, en realidad, no existe», a raíz de que empezarán a circular las cifras que sitúan el coste global del carné en 14 millones de euros. Montenegro sostiene que impartir los cursos «es un asunto de prestigio, no de recaudación económica. Es triste que se deformen las cosas». El colectivo recuerda que dispone de 6.000 centros en el país. «Que el Gobierno sepa que estamos».
La Asociación Nacional de Seguros (UNESPA) también avanza con cautela. «Todavía no sabemos
cómo repercutirá el sistema de los puntos en las compañías», dice el portavoz, Miguel Ángel Vázquez. «Por lógica, debería crecer la demanda del seguro de asistencia legal y del subsidio en caso de retirada del carné», puntualiza, dos modalidades que están en el mercado desde hace tiempo.
Según UNESPA, ambas pólizas son solicitadas especialmente por los profesionales del volante. «Su perspectiva es diferente con respecto al nuevo método, ya que, si les quitan el carné, les dejan sin sus fuentes de ingreso», reflexiona Vázquez. Por esa razón, suelen resguardarse contratando una póliza «que compense «esa entrada de dinero».
La asociación recuerda, en cualquier caso, que siempre ha existido la posibilidad de perder la licencia. La diferencia es que, ahora, «ya no es necesario ser un kamikaze al volante» para que eso ocurra. «La acumulación de pequeñas faltas puede derivar en el mismo resultado».
–¿Habrá un descenso de seguros si baja la siniestralidad?
–No lo sabemos, pero siempre habrá uno que será obligatorio.
Desde los «retoques» hasta un «cambio sustancial en algunos postulados», la modificación de la Ley de Tráfico y el nuevo carné de conducir por puntos han arrancado con reveses que demuestran, pese al interés por el consenso del Ministerio del Interior, que no todos los sectores implicados en la carretera están de acuerdo con la caja de cambios que propone el Gobierno. En realidad, el mejor acuerdo entre los agentes sociales, profesionales y la Administración radica en la propia filosofía de la reforma: evitar que España continúe en los puestos de cabeza europeos en cuanto a tasas de siniestralidad viaria. Sólo en 2003 se registraron 100.000 accidentes de tráfico, en los que murieron 5.399 personas y más de 150.000 resultaron heridas.
Además, según datos del Instituto Nacional de Toxicología, 635 de los conductores fallecidos presentaban alcohol en la sangre y, de ellos, 459 superaban el nivel máximo permitido. Por si fuera poco, los errores al volante constituyen una de las principales causas de mortalidad en los jóvenes de entre 18 y 24 años. Un panorama demasiado desolador como para no ponerle freno.
La mitad de accidentes
Precisamente, la nueva legislación viaria llegará después de un endurecimiento progresivo de las anteriores normativas y de un buen número de campañas de sensibilización que apelan a la prudencia. Tales referencias no han sido obviadas por el ministerio y la Dirección General de Tráfico al justificar un anteproyecto de ley que, cuando entre en vigor, pondrá en marcha una penalización mucho más severa.
El objetivo es «reducir el número de accidentes en un 40% dentro de los próximos cinco años», indican fuentes de Interior. Y para ello, se ha decidido implantar el carné por puntos como «una de las mejores herramientas destinadas a disminuir la accidentalidad y la reincidencia».
Para el Consejo de Ministros –que aprobó el anteproyecto el 15 de octubre–, la futura legislación supone un avance y deriva «de numerosos estudios comparativos» que reflejan los buenos resultados obtenidos en otros países de Europa, donde la mortalidad ha descendido entre un 20% y un 25%. España asimila de forma sustancial el modelo francés, uno de los más eficaces por su capacidad disuasoria –unas 100.000 licencias han sido suspendidas en doce años–, aunque algunos expertos consideren más pedagógico al alemán.
Los sindicatos y los conductores profesionales sostienen que la intención del ministerio «podrá ser buena», pero «todavía tiene muchas cosas para corregir». Los trabajadores reclaman la creación de un carné profesional, aunque la DGT dice que «no». Su director general, Pere Navarro, anunció el viernes que el Gobierno está «abierto a arbitrar fórmulas» que beneficien a los transportistas, pero descartó darles más puntos.
Al tira y afloja de la Administración con los profesionales del volante se añade una curva: el disgusto de las autoescuelas que, por un lado, defienden su derecho a impartir los cursos de rehabilitación y, por otro, desmienten que esas clases sean «el negocio del siglo».
SINDICATOS
«El anteproyecto está incompleto»
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) coinciden en que el texto del anteproyecto está «incompleto», debido a que «no contempla la situación del trabajador». «Tiene que haber una diferenciación entre los conductores comunes y los que trabajan en el sector. Por eso debe crearse un carné profesional en el que las sanciones no se acumulen», reclama la Federación Estatal de Transportes de la UGT.
«El anteproyecto está incompleto»
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) coinciden en que el texto del anteproyecto está «incompleto», debido a que «no contempla la situación del trabajador». «Tiene que haber una diferenciación entre los conductores comunes y los que trabajan en el sector. Por eso debe crearse un carné profesional en el que las sanciones no se acumulen», reclama la Federación Estatal de Transportes de la UGT.
Su portavoz, Abel Gómez, asegura que el sindicato «entiende el espíritu de las nuevas normas» y
cree que serán «positivas para reducir la siniestralidad». Sin embargo, añade: «Si el proyecto no
cambia, haremos las movilizaciones que sean necesarias para que se contemple la situación de un
millón de personas», el número de transportistas «que no ha sido considerado al elaborar este plan».
UGT presentó el lunes sus alegaciones ante el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico. Afirma «con rotundidad» que está «en contra del contenido del anteproyecto» y la razón principal estriba en que, para un profesional de la carretera, «su herramienta de trabajo es el carné». Retirárselo «podría estar transgrediendo un derecho fundamental, como es el derecho al trabajo».
Por su parte, Comisiones Obreras considera «positivo» el establecimiento del carné por puntos, pero reclama «otras medidas complementarias», como «un régimen especial» para los transportistas, taxistas y chóferes de autobús. A juicio de CC OO, es preciso el establecimiento de «un registro de conductores profesionales» en función de las cotizaciones a la Seguridad Social, y advierte de que «no se haga recaer la culpabilidad en el comportamiento de este gremio».
TAXISTAS
«Nos quitan el trabajo, no la licencia»
Para el presidente de la Asociación de Taxis de Bilbao, Ángel Hierro, el nuevo reglamento «intenta solucionar un problema pero en ese camino se lleva por delante a un montón de personas». Ahora mismo, avisa, la Confederación Española del Taxi es la encargada de negociar y todos los afiliados «estamos esperando que nos den las directrices para saber si nos movilizaremos o no».
«Nos quitan el trabajo, no la licencia»
Para el presidente de la Asociación de Taxis de Bilbao, Ángel Hierro, el nuevo reglamento «intenta solucionar un problema pero en ese camino se lleva por delante a un montón de personas». Ahora mismo, avisa, la Confederación Española del Taxi es la encargada de negociar y todos los afiliados «estamos esperando que nos den las directrices para saber si nos movilizaremos o no».
La central matiza que, con la nueva ley, «no nos quitan el carné, sino el trabajo» y que «sólo nos consideran profesionales cuando les conviene». «Para las aseguradoras sí lo somos, cada vez que pagamos la póliza anual. Sin embargo, con este carné se nos trata como conductores anónimos. Sería bueno que se pusieran de acuerdo porque nos pegan por todos lados», lamenta.
Ante las posibles alternativas, Hierro no tiene claro si la implantación de «dos carnés diferenciados será la solución». No obstante, se pregunta qué sucederá «si en algún momento pillamos a un agente de tráfico que tiene un mal día. Igual nos quedamos sin trabajo».
AUTOESCUELAS
«Aquí no hay negocios fabulosos»
Las autoescuelas de España tienen su batalla particular en los cursos de sensibilización y recuperación de puntos. Frente a quienes opinan que debe diferenciarse entre aprendizaje y reciclaje, el presidente de la Confederación de Autoescuelas, José Miguel Báez, subraya que «lo lógico es que nos encarguemos de ellos, pues es nuestra profesión y tenemos la infraestructura necesaria».
«Aquí no hay negocios fabulosos»
Las autoescuelas de España tienen su batalla particular en los cursos de sensibilización y recuperación de puntos. Frente a quienes opinan que debe diferenciarse entre aprendizaje y reciclaje, el presidente de la Confederación de Autoescuelas, José Miguel Báez, subraya que «lo lógico es que nos encarguemos de ellos, pues es nuestra profesión y tenemos la infraestructura necesaria».
«Estamos a favor de la reforma. Es más, veníamos pidiéndola desde 1989», explica Báez quien asegura, a su vez, haberle dicho «algunas cositas» al Gobierno, entre ellas que «el tema de los puntos debería recibir algunos retoques». Tanto Báez como Íñigo Montenegro, presidente del gremio en Euskadi, están «dolidos» por «la forma en que se ha especulado con un negocio fabuloso que, en realidad, no existe», a raíz de que empezarán a circular las cifras que sitúan el coste global del carné en 14 millones de euros. Montenegro sostiene que impartir los cursos «es un asunto de prestigio, no de recaudación económica. Es triste que se deformen las cosas». El colectivo recuerda que dispone de 6.000 centros en el país. «Que el Gobierno sepa que estamos».
La "lógica" del seguro de asistencia legal
Para las aseguradoras, la implementación de la nueva normativa supone un cambio sustancial en el tráfico y la seguridad vial al cual no se sustraerá el sector. Sin embargo, y a pesar de reconocer
que las modificaciones «nos afectan», el diseño de «la mejor política a seguir aún está en estudio», admite la Fundación Mapfre.
que las modificaciones «nos afectan», el diseño de «la mejor política a seguir aún está en estudio», admite la Fundación Mapfre.
La Asociación Nacional de Seguros (UNESPA) también avanza con cautela. «Todavía no sabemos
cómo repercutirá el sistema de los puntos en las compañías», dice el portavoz, Miguel Ángel Vázquez. «Por lógica, debería crecer la demanda del seguro de asistencia legal y del subsidio en caso de retirada del carné», puntualiza, dos modalidades que están en el mercado desde hace tiempo.
Según UNESPA, ambas pólizas son solicitadas especialmente por los profesionales del volante. «Su perspectiva es diferente con respecto al nuevo método, ya que, si les quitan el carné, les dejan sin sus fuentes de ingreso», reflexiona Vázquez. Por esa razón, suelen resguardarse contratando una póliza «que compense «esa entrada de dinero».
La asociación recuerda, en cualquier caso, que siempre ha existido la posibilidad de perder la licencia. La diferencia es que, ahora, «ya no es necesario ser un kamikaze al volante» para que eso ocurra. «La acumulación de pequeñas faltas puede derivar en el mismo resultado».
–¿Habrá un descenso de seguros si baja la siniestralidad?
–No lo sabemos, pero siempre habrá uno que será obligatorio.
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