Los matrimonios fraudulentos entre españoles y extranjeros para obtener la nacionalidad a cambio de dinero se duplican en los últimos cinco años, en los que se han detectado ya 638 casos
–Hola. Soy española y estaría dispuesta a casarme con un cubano para traérmelo a España si llegamos a algún acuerdo. Interesados, escribirme a mi dirección de correo electrónico. Un saludo, Helena.
–Yo soy cubano, vivo en Holanda y tengo muchos amigos que quisieran salir de la isla. Me imagino que busca un negocio, no amor. Dígame cuánto dinero quiere por la salida. Si conoce a más mujeres como usted, hágamelo saber. Estamos en contacto. Ronaldo.
–Hola. Yo sé de un cubano educado y respetuoso que busca a una europea para casarse a cambio de un apartamento en la mejor zona de La Habana. También ofrece dinero, pero en dólares. Es muy discreto, nada problemático y sin antecedentes demostrables. Si quiere que le amplíe la información, escríbame. Iris.
Estas frases poco tienen que ver con un cuento o un guión. Sin embargo, sí componen una historia: la del inmigrante ‘sin papeles’ que persigue un futuro mejor y la de quienes están decididos a beneficiarse de su circunstancia. Desesperación para unos, oportunidad para otros. Beneficio para ambos, independientemente del coste.
La historia, como todas, presenta hechos y personajes. Hechos: un crecimiento sostenido de la población extranjera que ha provocado el endurecimiento de las normas encargadas de regular su entrada y permanencia en España. A su vez, una Ley de Extranjería severa que ha despertado el ‘ingenio’ para eludirla, violarla o, incluso, aprovecharse de ella. Personajes: el inmigrante que está dispuesto a todo para vivir en Europa, el nacional que le tiende un puente para ayudarlo a cambio de un beneficio, y las organizaciones que, en lugar de puentes, tienden redes que vinculan a los interesados llevándose un porcentaje.
Las vías para alcanzar España son diversas. Muchas pasan por venir con un visado de turista, romper el billete de regreso y permanecer como ilegal. Otras tienen forma de patera. Y algunas, en lugar de quebrantar la ley, se nutren de sus espacios vacíos, como los matrimonios denominados ‘blancos’.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1998 se celebraron 9.267 bodas entre españoles y extranjeros. La cifra se disparó en 2002 –14.000 matrimonios– y llegó a duplicarse el año pasado, registrándose 18.825. Si bien en ese número se incluyen las uniones entre españoles y ciudadanos comunitarios, éstos representan apenas el 11,5% del total. El dato significativo, pues, está en el porcentaje restante: el 88,5% de los contrayentes tenía una nacionalidad que dificultaba la posibilidad de ingresar, trabajar y vivir en España. Contraer matrimonio con alguien de aquí resuelve ese tipo de problemas, tanto para el que se casa por amor como para el que lo hace por conveniencia.
La pista: surgió en 2001, cuando la Guardia Civil transformó la dulzura de un pastel en la amargura de una realidad aciaga. Con el nombre de ‘Tarta Nupcial’, bautizó a la operación que desarticuló una red dedicada a gestionar bodas entre españoles y colombianas. En febrero de ese año detuvo a los responsables de esta organización, que desarrollaba su actividad en Galicia, y dio a conocer que las mujeres pagaron hasta 4.200 euros para casarse y conseguir la nacionalidad, aunque muchas habían sido obligadas a ejercer la prostitución en clubes de alterne.
El caso encendió las señales de alerta. Por esas fechas, además, los enlaces entre nacionales y extranjeros ya registraban un aumento sensible: 11.754 casamientos. La Fiscalía General del Estado decidió asumir un rol protagónico. Su papel: un documento de 33 folios en los que se advertía de este tipo de fraudes y solicitaba a los fiscales una atención especial ante las bodas mixtas.
Círculo vicioso
La circular, redactada en 2002, explica detalladamente cuáles son las competencias y las limitaciones del ministerio público. Curiosamente, son más las últimas que las primeras, porque no existen demasiadas herramientas para detectar, impedir o anular un matrimonio de esta naturaleza. «La elección de casarse es un derecho fundamental de la persona y está por encima de cualquier sospecha que podamos tener», explica Fernando Noya, portavoz de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, el documento indica que para evitar la boda se requiere una «certeza racional absoluta de la ausencia de consentimiento» y reafirma que no son suficientes las «meras sospechas».
En otras palabras, no importa que el fiscal crea que se trata de un matrimonio ‘blanco’: nada puede hacer al respecto si no tiene pruebas contundentes. ¿Ni siquiera en la entrevista previa que les hace el juez a los novios? «Ni siquiera. Esa instancia es muy protocolaria. Él sólo les pregunta si concurren libremente, pero no puede preguntarles si hay cariño. No le corresponde indagar en el terreno personal si no hay una causa abierta», dice Noya. Y para abrir la causa tiene que haber un delito. En este caso, el matrimonio fraudulento. El fiscal no puede hacer otra cosa que esperar.
«Pero los indicios están para tirar del hilo», agrega Noya con tono de esperanza. Los indicios: "Que los cónyuges no se hayan conocido antes del matrimonio, que se equivoquen sobre sus respectivos datos o sobre las circunstancias en las que iniciaron su relación, y que no hablen una lengua comprensible para ambos», apunta informe de la Fiscalía. Aspectos suficientes para que los distintos sectores de la Administración movilicen sus recursos.
José María Seara, portavoz de la Dirección General de Policía, apunta que «el fraude se detecta cuando la pareja se va a inscribir». Pero, para ello, los errores deben ser demasiado obvios. Un ejemplo: «Sí, mejor dos. Hay gente que se inscribe hasta cuatro o cinco veces simultáneamente en distintos registros civiles. O, también, reincidentes que se han casado y divorciado varias veces con extranjeros. Cuando detectamos algo así, empezamos a investigar», responde Seara. ¿Y cuándo se investiga con mayor detenimiento? «Cuando percibimos alguna anormalidad o recibimos alguna denuncia». Habitualmente, de particulares y consulados. «De otra manera, la Policía no inspecciona en cuestiones de matrimonio», agrega.
Consulados. Su papel es importante en esta historia porque se encargan de gestionar los documentos de los futuros esposos. «Tenemos que colaborar con la Justicia cuando vemos algo raro», asegura Juan Álvarez, cónsul de República Dominicana en España. Sin embargo, la línea que separa al amor de la conveniencia es muy difusa, y Álvarez es consciente. «Le prestamos mucha atención a las bodas por poderes. Nos fijamos en que el contrato no sea simulado, les preguntamos cómo se conocieron e, incluso, les solicitamos correspondencia personal y fotografías juntos. Hacemos todo lo necesario para evitar que sea un enlace ‘arreglado’», relata el diplomático. En contrapartida, «cuando vienen aquí los dos y se están dando besitos, pues... ¿qué les vas a preguntar? Si es un fraude, ya son grandes y saben lo que hacen», añade.
Y sí que lo saben porque, hasta el año pasado, los dominicanos encabezaban la lista de matrimonios anulados. Actualmente es Cuba quien lidera esos registros del Ministerio de Justicia, y República Dominicana ha pasado a ocupar un segundo puesto. De cerca, le sigue Marruecos. «En lo que va de 2004, hemos celebrado más de cien audiencias. Y el número viene creciendo año tras año», manifiesta José Roselló, el cónsul general de España en Casablanca, Marruecos. En esas vistas, «el respeto a la intimidad me impide ir más allá de preguntarle a los novios cómo y cuándo se conocieron, o qué contacto han tenido desde entonces», explica Roselló, quien reconoce, a su vez, que «las anécdotas y las sorpresas abundan» en este terreno. «Quiero
pensar que el aumento de casos no responde a una intensificación de prácticas fraudulentas, sino a un mejor conocimiento recíproco de las sociedades española y marroquí», resume.
Sin invadir la intimidad
Los consulados resuelven lo que pueden y el resto, lo delegan. «Corresponde a los jueces determinar si un matrimonio está viciado cuando hacen la entrevista previa», afirma Álvarez, el delegado de República Dominicana. Pero la realidad es más compleja, porque, como explicaba Noya, el juez no puede invadir la intimidad si no hay una causa, y los fiscales no pueden iniciar una causa sin delito. Las irregularidades evidentes sí son seguidas de cerca, pero tampoco hay perfiles o fórmulas que garanticen un acierto en la sospecha. «Por eso, si las parejas se están casando por primera vez, es mucho más difícil percibir la irregularidad», reconoce el portavoz de la Dirección Nacional de Policía.
En definitiva: todas las fuentes coinciden en que no existe una manera eficiente de contrarrestar los matrimonios ‘blancos’, porque atrapar a quienes se casan por conveniencia no depende tanto de las herramientas administrativas, como de los errores que puedan cometer los novios. Esta es la situación actual, según los archivos del Ministerio de Justicia: en 2003 se llevaron a juicio 226 casos (el 1,2% de los 18.825 matrimonios registrados). De ellos, 148 fueron declarados nulos.
Dicho de otra manera, por cada 127 bodas mixtas, se anuló una. Pero también estos veredictos han ido en aumento. «Hace cinco años, los jueces deshicieron 75 enlaces al detectar irregularidades –precisan fuentes ministeriales–. Y en lo que va de 2004, ya se han anulado 107».
–¿Y qué pasa con los contrayentes fraudulentos?
–El extranjero pierde la nacionalidad y los beneficios que haya obtenido.
–¿Y el nacional?
–Ah, eso ya depende del juez.