Un día histórico: entre el compromiso, la incertidumbre y el desencanto

Los comicios municipales del día 22 se presentan como un punto de inflexión para miles de extranjeros que, por primera vez, podrán ejercer su derecho al voto en España. Sin embargo, la cifra de inscritos en el Censo Electoral supone apenas el 12,3% del total. El bajo porcentaje hace pensar que el interés político es igualmente escaso, aunque las asociaciones, los especialistas y los propios inmigrantes señalan que no es así. Algunos sostienen que la información para poder participar ha sido escasa, otros hablan del desengaño político que traen desde sus países y también hay quienes apuntan que, antes que el derecho al voto, hay otras garantías más importantes que conquistar. ¿Vaticinios? Ninguno. El grado de implicación y de compromiso se verán este mes... en las urnas.

Las elecciones municipales se aproximan y la campaña electoral entra en su recta final. Falta poco para el 22 de mayo y, como es natural, los debates se intensifican; calientan la primavera. En los mítines políticos y los medios de comunicación, los candidatos de los distintos partidos juegan sus últimas bazas: los discursos, las ideas, las palabras oscilan entre dulces promesas y críticas amargas.

Sin embargo, para el electorado inmigrante la suerte ya está echada. Y desde hace meses. Una fecha, el 25 de enero, trazó una línea infranqueable entre los que podrán ejercer su derecho al voto y los que no. Ese fue el último día para incribirse en el Censo Electoral; es decir, para manifestar oficialmente el deseo de participar en los comicios que están a punto de celebrarse ahora. El resultado: 473.748 inmigrantes (sin contar a los 400.000 nacionalizados) podrán elegir a sus representantes municipales el domingo 22. El resto se queda fuera.

La cifra llama la atención porque es baja. Supone apenas el 7,5% de los mayores de edad que residen en España, y el 12,3% de los extranjeros que en principio tienen derecho a votar, ya sea porque son ciudadanos de la Unión Europea o porque proceden de países no comunitarios con los que el Ejecutivo español ha firmado acuerdos de reciprocidad.

Es el caso de Noruega, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Cabo Verde, Paraguay, Islandia, Nueva Zelanda y Bolivia. Así, entre unos países y otros hay, en total, personas de 36 nacionalidades habilitadas para ir a las urnas. Pero la cifra de electores es pequeña: por cada 100 extranjeros que tienen derecho al voto, sólo 12 (los que se han inscrito en el censo) tienen la posibilidad real de ejercerlo.

Los pronósticos eran distintos. La ampliación de la Unión Europea, la inclusión de los extranjeros comunitarios como electores (y candidatos) en los comicios municipales y la firma de acuerdos bilaterales propiciaron que, en teoría, casi cuatro millones de personas inmigrantes tuvieran acceso a uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por ello, cuando la UE se amplió e incluyó a países como Rumania (cuya población residente en España roza ya las 800.000 personas) y cuando comenzaron a suscribirse esos acuerdos bilaterales (hace ahora un par de años), hubo reacciones de todo tipo; en contra y a favor. Y por ello también se especuló mucho con los alcances de esa reforma y con el impacto que podría tener en los resultados electorales.

En efecto, si todos los ciudadanos extranjeros habilitados para votar se hubieran inscrito en el censo, tendrían el peso suficiente para inclinar más de una balanza en los consistorios. No obstante, ese hipotético escenario no se ha dado. ¿Qué ha pasado?

Escasa información
Existe una casuística diversa para explicar ese bajo porcentaje de electores. Una vía es la poca difusión de los requisitos y los plazos para votar. Para poder hacerlo no basta con haber nacido en un país determinado, sino tener como mínimo cinco años de residencia legal en España y haberse inscrito antes del 25 de enero.

Las asociaciones y federaciones de inmigrantes coinciden en señalar que “aquí está el primer problema”. Aunque el trámite de inscripción, en sí mismo, era sencillo, “muchos extranjeros no se enteraron porque la campaña de difusión fue deficiente”. Organizaciones como SOS Racismo o Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadanos denunciaron sistemáticamente esa falta de información durante el año pasado y la primera parte de este.

Para la plataforma Tod@s Iguales, Todos Ciudadan@s, integrada por más de ochenta organizaciones sociales, tanto el interés del Gobierno como la publicidad institucional han sido “totalmente inexistentes”; sobre todo en comparación con las campañas electorales convencionales, para las que “no escatiman medios en televisión, radio y prensa”.

Aunque la Administración envió cartas informativas a aquellos inmigrantes que cumplían los requisitos para votar, el colectivo señala que “no fue suficiente” y califica el número total de misivas (350.287) de “irrisorio”. “Había gente que cumplía estos requisitos y no han recibido ninguna información oficial”, subrayan.

El descrédito de origen
Uno de los principales temores de las asociaciones y las ONG es que el escaso número de electores extranjeros se interprete como un pobre o nulo interés en la vida política del país. Es decir, que la opinión pública construya una imagen en la que los inmigrantes se mantienen voluntariamente al margen de la gestión de recursos, la toma de decisiones y la participación ciudadana. De ahí que hayan insistido tanto en esa carencia informativa.

Ahora bien, ¿la baja inscripción en el censo se debe solamente a la falta de difusión oficial o existen otras razones? En opinión de algunas asociaciones y, también, de algunos políticos extranjeros hay otra causa: el descrédito de origen.

“La gente ya viene quemada de su país”, expone la ecuatoriana Ivonne Cabrera, candidata a concejala municipal en Cerdanyola del Vallès por el Partido Socialista de Catalunya (PSC). “Al menos en Ecuador, la percepción es que es muy difícil acceder a la política y a un cargo público de responsabilidad. Es como que no nos acabamos de creer que exista una representatividad real, y esa desconfianza persiste aquí, aunque sea diferente”.

Para Cabrera -que también fue la primera candidata ecuatoriana al Parlamento de Catalunya-, el acceso a la política en España no es tan duro como en su país. “Yo me afilié al partido hace años, cuando llegué, y lo hice como extranjera, con mi NIE”, relata.

“Eso fue lo que más me gustó, porque al principio veía a la política como un sueño. Sin embargo, aquí se me han abierto las puertas de una manera que me ha sorprendido. Creo que, con el tiempo, la gente se va dar cuenta de que somos importantes, de que nuestra opinión cuenta”. Y mucho, pues, de los países latinoamericanos con convenio de reciprocidad, el ecuatoriano es el más numeroso: aunque sólo se ha inscrito el 5% en el censo, 25.693 personas podrán acudir a las urnas.

El otro grupo numeroso (de hecho, el más ingente de todos) es el rumano. Según los datos oficiales del INE, hay 103.355 ciudadanos procedentes de este país que se han incrito para votar; una cifra que lo convierte en el colectivo de extranjeros con más peso electoral, (aunque podría haber sido casi ocho veces superior).

“La situación que hay en Rumania es bastante culpable de que exista una escasa implicación de las personas en el proceso electoral, ya que allí la política está muy desacreditada. Y eso coincide, además, con que esta oportunidad para votar en las municipales es absolutamente novedosa”, apunta el presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España, Miguel Fonda.

“No obstante -matiza-, aunque el porcentaje de inscritos en el censo no es muy alto, sí hemos detectado que hay bastante interés en participar en estas elecciones. Puede que la inscripción no haya sido espectacular, pero es significativa. Está claro que se ha hecho un esfuerzo para que los extranjeros acudan a los comicios, aunque aún falta mucho camino por andar”, opina Fonda.

Para el presidente de la federación de rumanos, “una cosa es la integración y otra que los españoles acepten con naturalidad que sus representantes políticos sean extranjeros. Todavía hay un problema de madurez en los partidos en España, que no incluyen extranjeros en sus listas de manera proporcional a la cantidad de inmigrantes que hay”. A propósiro de cantidades, ¿el voto rumano podría ser protagonista en algún pueblo o ciudad? “Mi respuesta a eso es una incógnita -dice Fonda-: ¡Ojalá pudiéramos cambiar el color de algún ayuntamiento!”.

Los deseos de Fonda se sotienen. Arganda del Rey, en Madrid, es uno de esos municipios susceptibles de cambio gracias al voto inmigrante; y más concretamente, gracias al rumano, ya que los ciudadanos de este país representan el 20% de su población. Allí reside y trabaja Mariana Venec, candidata a concejala por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Ocupa el número nueve en una lista de 25 y está convencida de que “la particpación de los inmigrantes es necesaria, está creciendo y va a ir a más”.

“Somos relativamente nuevos en esta materia. Estamos en pleno proceso de adaptación y, como todo, lleva su tiempo. Es cierto que hay otros colectivos que son más participativos, pero aún así, los rumanos somos el más numeroso. Me quedo con eso. Lo hemos hecho bastante bien”, pondera Venec antes de vaticinar que las próximas elecciones “van a ser otra cosa. La gente pide representación y, cuando vea que la tiene, se animará a participar más”.

Las elecciones de 2011 son el punto de partida. Y, aunque la participación aún se antoja incipiente, casi todas las agrupaciones políticas incluyen ciudadanos extranjeros en sus listas; desde Izquierda Unida y el Partido Socialista; hasta el Partido Nacionalista Vasco -que tiene candidatos de Rumania, Francia, Gran Bretaña y Portugal-, Convergencia i Unió, donde el colombiano Marco Sánchez despunta en Barcelona; y el Partido Popular.

Éste, de hecho, organizó un gran mitin con sus principales figuras, entre ellas el presidente Mariano Rajoy y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para dar a conocer en Alcalá de Henares a los “nuevos madrileños populares”. Ana María Roman, de Rumania, es una de ellos. Llegó a España hace casi una década y considera la actividad política como una parte importante de su proceso de integración, y “el Partido Popular era la única opción. Después de 44 años de socialismo en mi país -argumenta- sólo podía elegir un partido que me permitiera pensar libremente”.

Pero, además de la inclusión de extranjeros en partidos de larga trayectoria, estas elecciones ven nacer nuevas agrupaciones que tienen como eje la defensa de una participación política total, sin limitantes derivadas de la procedencia, la nacionalidad o del tiempo de residencia. Es el caso de Denok Hiritar / Ciudadanía Plena, un partido impulsado por personas extranjeras y autóctonas con listas en Donostia y en Hernani.

Su reivindicación es la igualdad de derechos y su objetivo no es crear una candidatura de personas inmigrantes para inmigrantes, sino un partido “donde se reúnan todas aquellas que creen en estos derechos y en la plena igualdad, más allá de orígenes”. Precisamente, la formación pone de relieve y defiende “los derechos de las personas que han elegido vivir aquí, pero que a pesar de estar asentadas y residir en Gipuzkoa, no se les permite ser iguales al resto”.


La incertidumbre del 22
Una de las grandes incógnitas de cara al día de los comicios es saber si el electorado inmigrante acudirá a las urnas. El requisito previo de apuntarse en el censo lleva a pensar que sí, pero no se puede asegurar.

Para la socióloga Ana María López Sala, investigadora del CSIC y experta en migraciones, este es un escenario nuevo que plantea cierta incertidumbre.

“Es importante distinguir entre los extranjeros nacionalizados y los que aún no lo están, ya que los primeros, probablemente, sientan una mayor identificación con España y acudan a las urnas -apunta. Por otro lado, hay que considerar que el bajo número de inscritos puede estar relacionado con el estadio migratorio: para la primera generación de inmigrantes, que llevan aquí pocos años, el nivel de adhesión política aún es muy fuerte en sus países de origen, con lo cual es probable que voten más en el lugar de donde proceden que donde viven. Y, por supuesto, para quienes aún no han conquistado otros derechos básicos, como el económico o el social, el derecho político pasa a un segundo plano”.